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La
República Dominicana es un país en vías de desarrollo de ingreso medio, dependiendo, principalmente, de la
agricultura, comercio, servicios y el
turismo.
Aunque el sector servicios ha sobrepasado a la agricultura como el
principal proveedor de empleos (debido, sobre todo, al auge y
crecimiento del turismo y las Zonas Francas), la agricultura todavía se
mantiene como el sector más importante en términos de consumo doméstico y
está en segundo lugar (detrás de la minería) en términos de
exportación. El turismo aporta más de US$ 3.000 millones al año. Zonas
Francas y turismo son los sectores de mayor crecimiento. Las
remesas de dominicanos viviendo en los
Estados Unidos se estiman en unos US$ 2.000 millones por año. La
República Dominicana es la novena economía más grande de
América Latina después de
Brasil,
México,
Argentina,
Colombia,
Venezuela,
Chile,
Perú y
Ecuador
Luego de la recesión económica durante la segunda mitad de los
80 y principios de los
90, durante la cual el PIB se contrajo un 5 % y la
inflación
alcanzó un 100%, la República Dominicana entró en un período de
crecimiento moderado y disminuyente inflación hasta 2002, luego del
cual, la economía entró en recesión. El
PIB se contrajo un 1% en 2003, mientras la inflación se disparó por encima del 27%.
A pesar de un creciente déficit comercial, el turismo y las remesas
han ayudado a obtener reservas en moneda extranjera. En la actualidad,
las remesas provenientes de
EUA,
Europa y otros países, constituyen parte de la economía nacional.
Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, República Dominicana 2005,
[1]
establece que este país se ha insertado en la economía mundial de
manera social y políticamente excluyente, conociendo tasas de
crecimiento económico promedio anual en los últimos años por encima del
5%. Sin embargo, el carácter excluyente del modelo económico que se ha
impuesto, no ha traducido este crecimiento al bienestar de la población.
Ante el contrario, señala el Informe,
República Dominicana, al año
2002 era el país número 13 (de un total de 177 en el mundo) que menos había aprovechado para mejorar el posicionamiento en el
Índice de Desarrollo Humano
(IDH). Con esto se puede hablar de un fracaso de las élites políticas
de los últimos 50 años en conducir a su población a estadios de
bienestar y seguridad. Por igual, el Informe deja claramente
establecido, que el problema de la economía dominicana no es de
inserción en mercados, sino de estrategias de competitividad que
debieran estar asociados al bienestar de su población.
El Informe establece que la "causa principal de la pobreza dominicana
y del bajo desarrollo humano relativo no es la falta de financiamiento y
de recursos económicos, sino el escaso compromiso con el progreso
colectivo del liderazgo nacional y empresarial durante las últimas
décadas y la ausencia de un pacto social y de empoderamiento de los
sectores mayoritarios de la sociedad dominicana".
En diciembre de
1996, el entonces entrante presidente
Leonel Fernández,
presentó un paquete de reformas - incluyendo la devaluación del peso,
reducción en las tarifas de importación e incremento en el precio de los
combustibles - en un intento de crear una economía orientada al mercado
que pueda competir internacionalmente.
Entre 2000 y 2004, el gobierno de Hipólito Mejía,
introdujo cambios que impactaron a la economía dominicana. Relegación
de reformas que estaban en curso, desaceleración de la oferta exportable
(algo que ya había comenzado en el anterior gobierno de Fernández), y
sobre todo, la crisis cambiaria y bancaria (el tercer banco y grupo financiero del país: el BANINTER; y dos grupos financieros bancos más, conocieron una quiebra que ascendió a cerca del 15-20% del PIB anual), unido a la corrupción administrativa generalizada y asociada a estas quiebras, y debido a la acentuación de la crisis
del sector eléctrico, compendian un cambio de naturaleza nunca vista en
la economía dominicana. La magnitud de la crisis hizo colapsar sectores
completos de la economía, y se estima, que entre un 12 a un 15% de la
población pasó de ser pobre a muy pobre o indigente. Esto significa
cerca de 2 millones de personas.[cita requerida]
Aunque la economía ha comenzado a crecer bajo la nueva administración de Fernández que se inició en agosto de 2004,
construcción,
turismo y
telecomunicaciones son los sectores que están a la vanguardia.
Sin embargo, no hay que olvidar lo sostenido por el Informe Nacional
de Desarrollo Humano 2005 del PNUD/RD, cuando señala que el modelo
actual de
turismo
no constituye, a pesar de su vigor, una propuesta sostenible, y que si
el mismo "no se modifica, se agota". Por lo cual, queda como asignatura
pendiente en el país, que el liderazgo nacional discuta a fondo cuál
será esa modificación que hay que hacerle a este sector pujante de la
economía dominicana.
Según el citado Informe, las
externalidades negativas
relacionadas con: la inseguridad ciudadana, el detrioro medioambiental
(que va desde desmonte de áreas protegidas, destrucción de hábitats de
especies endémicas, hasta el uso de fuentes de agua para propósito de desechos y destrucción de
manglares
y de ámbitos marinos), la especulación inmobiliaria, y sobre todo, la
exclusión de la población dominicana y su valor agregado al contexto de
la actividad turística, son factores de mediano y largo plazo que "harán
insostenible en el tiempo esta actividad". Más aún, con la fuerte
competencia que el mismo entraña en el ámbito caribeño.
Resultó paradójico, irónico y sorprendente en el ámbito nacional e
internacional, que apenas a dos meses de publicado el Informe del PNUD,
en el que se demostraba técnicamente la inviabilidad de este modelo de
turismo a largo o mediano plazo, bajo el subtítulo en el capítulo III de
"El Turismo: Si No se Modifica, Se Agota" el propio Ministerio
de Turismo (Secretaría de Estado), lanzara una campaña internacional de
promoción turística en la cual, su eslogan principal dice:
"República Dominicana: Lo tiene todo".
La actual administración está trabajando para incrementar la capacidad de producción de
energía eléctrica,
pieza clave para el crecimiento económico continuado, aunque su
problema principal no es de generación sino de financiamiento. La
compañía eléctrica estatal, fue privatizada, luego de numerosos
retrasos. Proceso que se había iniciado en la pasada Administración de
Fernández, y que en la de Mejía, tomó forma y se ejecutó, no sin
infundirle su particular sello a dicha ejecución.
Sin embargo, luego de múltiples retrasos, posponiéndose soluciones, de préstamos internacionales (
Banco Mundial y otros), la superación del déficit del suministro energético, parece estar aún muy lejana. El
Acuerdo de Madrid,
mediante el cual, el país re-compró las empresas distribuidoras de
energía, y se planteó a largo plazo el pago de las deudas en el sector
eléctrico (al 2015), no dejan mentir respecto al hecho de que las
medidas actuales, son apenas un paliativo a la difícil situación del
sector
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